Beneficios Seguro Social: ¿Pueden cobrarlos en Puerto Rico?
¿Los residentes de Puerto Rico pueden cobrar los beneficios del Seguro Social? A continuación, en qué casos sí y cuáles no puedes cobrar los pagos.
Cada mes, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) reparte alrededor de 65 millones de pagos correspondientes al seguro.
Estos pagos van destinados a los jubilados, incluyendo a los trabajadores e individuos discapacitados, los cónyuges de los trabajadores y viudas y viudos, así como a los beneficiarios de la seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que son personas mayores, ciegas y discapacitadas que no pueden mantenerse por sí mismas.
Beneficios Seguro Social: ¿Pueden cobrarlos en Puerto Rico?
No importa en qué parte de los Estados Unidos vivas, tus beneficios de jubilación, discapacidad, familiares o sobrevivientes del Seguro Social no cambian. Esto significa que puedes cobrarlos en cualquier estado de la Unión Americana y sus territorios, incluyendo Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte.
Sin embargo, la situación cambia al tratarse de los beneficiarios de la seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) ya que estos pagos son administrados pero NO financiados por la Administración del Seguro Social, lo que significa que la ubicación en la que te encuentres sí afecta el beneficio.
La mayoría de los estados complementan los pagos de SSI, en diferentes niveles, pero el SSI NO está disponible en Puerto Rico y algunos otros territorios de Estados Unidos.
La Corte Suprema analiza el estado del SSI Puerto Rico
La Corte Suprema tuvo que intervenir en el caso ‘Estados Unidos v. Vaello-Madero’. En este, José Luis Vaello-Madero, un hombre discapacitado que recibió los beneficios del SSI cuando vivía en Nueva York, fue demandado por la SSA por $28,000 cuando la agencia se dio cuenta que el hombre continuó recibiendo los beneficios después de mudarse a Puerto Rico en 2013.
Vaello-Madero dijo que la ley violó su derecho a igual protección, ganando en los tribunales inferiores. Sin embargo, el Departamento de Justicia defendió la ley en la Corte Suprema.