Un día sin migrantes: Así es la huelga laboral que se vive en Florida
Como respuesta a la nueva ley de inmigración de Ron DeSantis, la comunidad migrante de Florida realiza una huelga laboral este 1 de junio.
El próximo 1 de julio entrará en vigor la ley S.B.1718 en el estado de Florida. A través de esta, el gobernador Ron DeSantis planea dar respuesta a la crisis de migración que se vive en la frontera sur de Estados Unidos.
Uno de sus puntos clave es ampliar los requisitos para que las empresas de más de 25 empleados hagan uso de E.Verify, un sistema que sirve para identificar si los migrantes cuentan con los documentos necesarios para trabajar de manera legar en el país de las barras y las estrellas.
Como respuesta a tal legislación, los inmigrantes del estado han entrado en una huelga laboral bajo el lema “Un Día sin Migrantes”, con el objetivo de hacer notar su ausencia en el estado.
Un día sin migrantes: Así es la huelga laboral que se vive en Florida
Decenas de negocios permanecen cerrados este 1 de junio en Florida como respuesta a la nueva ley contra inmigrantes en el estado. Organizaciones como Mi Familia Vota, Del Ambiente, Florida Rising, Poder Latinx y Hope, entre otras se han unido a las protestas.
“No somos criminales, somos trabajadores”, “El pueblo unido. jamás será vencido” y “Somos trabajadores, no una carga laboral” son algunos de los mensajes que se leen en las pancartas de protesta.
Además del paro laboral en Florida, los organizadores de la huelga hacen un llamado a los migrantes de California, Texas, Illinois, Minnesota y Carolina del Sur a unirse al movimiento.
También te puede interesar: Qué documentos necesitan los extranjeros para solicitar una licencia de conducir en Florida
¿Cómo afecta la nueva ley a los inmigrantes?
Al usar E-Verify, los empleadores tendrán acceso al estatus legal de sus trabajadores. Si no cuentan con los documentos necesarios para trabajar, los empleadores se enfrentarán a multas de hasta $1,000 dólares, mientras que los trabajadores quedarán sujetos a sanciones penales.
Aunado a ello, se invalidarán documentos oficiales, como licencias de conducir o identificaciones proporcionadas a la comunidad migrante en otros estados. Además, los hospitales deberán preguntar por el estatus migratorio de los pacientes y habrá penas de hasta 15 años de cárcel para aquellos que, conscientemente, alberguen, oculten o protejan a las personas que entraron de manera ilegal en Estados Unidos.