Malas noticias para el Seguro Social: esta es la fecha límite para aprobar la extensión de pagos en 2025
Se acaba el tiempo para que el Senado apruebe una legislación que eliminaría dos disposiciones que reducen los beneficios del Seguro Social para ciertos jubilados.
El 118º Congreso se levantará en sesión por última vez a finales de este año. Cuando eso suceda, todos los proyectos de ley que no hayan sido aprobados deberán presentarse nuevamente en el próximo Congreso y pasar, otra vez, por todo el debido procedimiento.
Existe la preocupación de que la Ley de Equidad en la Seguridad Social pueda correr este mismo destino si no se somete a votación en el Senado. La ley fue aprobada en la Cámara de Representantes con un amplio apoyo bipartidista, con 327 votos a favor y 75 en contra.
El proyecto de ley eliminaría dos disposiciones que reducen los beneficios de casi tres millones de jubilados estadounidenses, sus cónyuges y sus supervivientes, muchos de ellos profesores, bomberos, policías, trabajadores postales y otros empleados del gobierno.
Si bien faltan poco más de seis semanas para el 31 de diciembre, técnicamente el último día del 118.º Congreso, la cámara alta tiene previsto suspender sus sesiones el día 20. La buena noticia es que 62 senadores han firmado el proyecto de ley, lo suficiente para derrotar una maniobra obstruccionista, pero primero debe someterse a votación.
¿Qué es la Ley de Equidad en la Seguridad Social y a quién afectaría?
La Ley de Equidad en la Seguridad Social de 2023, también conocida como HR 82, eliminaría la compensación de pensiones del gobierno (GPO, por sus siglas en inglés) y la disposición de eliminación de ganancias inesperadas (WEP, por sus siglas en inglés). Estas disposiciones reducen la cantidad que los jubilados, o sus cónyuges y familiares sobrevivientes pueden recibir de la Seguridad Social, lo que afecta a aproximadamente a 800,000 y 2 millones de beneficiarios, respectivamente.
El WEP ajusta el monto de un beneficio de la Seguridad Social para las personas que tienen menos de 30 años de ingresos significativos, provenientes de un empleo cubierto por la Seguridad Social y que también reciben una “pensión no cubierta”. Se trata de pensiones que son “pagadas por un empleador que no retiene los impuestos de la Seguridad Social de su salario, por lo general, los gobiernos estatales y locales o empleadores no estadounidenses”.
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Por otra parte, la GPO “reduce el beneficio para cónyuges o viudas en dos tercios de la pensión mensual no cubierta”, según la Administración del Seguro Social. De los 5,84 millones de beneficiarios de cónyuges o viudas en 2022, la GPO se aplicó a aproximadamente el 12,6% de ellos. Aproximadamente el 70% de los afectados vieron su beneficio completo compensado por la GPO.
Según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el proyecto de ley añadiría unos 196,000 millones de dólares al déficit federal en una década y aceleraría el agotamiento del Fondo Fiduciario de la Seguridad Social en unos seis meses, según informó la CBO, una entidad no partidista.
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