GEORGE FLOYD

A un año de su muerte, la Ley George Floyd sigue pendiente en el Senado

A un año de su muerte, la 'Ley George Floyd de Justicia en la Policía' sigue pendiente en el Senado. ¿Cuándo será aprobada y cuáles son sus objetivos?

Estados Unidos
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A un año de su muerte, la Ley George Floyd sigue pendiente en el Senado
NICHOLAS PFOSI REUTERS

El 25 de mayo de 2020 George Floyd fue asesinado por brutalidad policial en manos del exoficial de policía Derek Chauvin, quien se arrodilló sobre su espalda y cuello durante más de ocho minutos luego de que el afroamericano de 46 años intentara pagar con un billete falso de 20 dólares. Los hechos ocurrieron en Mineápolis, Minnesota.

Pese a las súplicas de Floyd al no poder respirar, Chauvin hizo caso omiso y lo sometió hasta provocarle la muerte. Desde entonces, George Floyd se convirtió en un estandarte en la lucha contra la brutalidad policial en las minorías raciales.

Por ello, desde junio de 2020, se ha impulsado la ‘Ley George Floyd de Justicia en la Policía’, la cual es una reforma policial que busca la rendición de cuentas de las autoridades correspondientes, además de poner fin a la brutalidad policial derivada de la discriminación racial y religiosa.

A un año de su muerte, la Ley George Floyd sigue pendiente en el Senado

La Ley George Floyd ya fue aprobada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La aprobación de la resolución se dio en marzo y la votación fue trasladada al Senado, en donde ha permanecido pendiente desde entonces.

De momento, el Senado no ha dado información sobre cuándo se llevará a cabo la votación, sin embargo, el Presidente Joe Biden ha ejercido presión a la Cámara Alta al expresar que quiere el proyecto de ley aprobado en su escritorio “lo más rápido posible”.

Ley George Floyd: ¿Cuáles son sus objetivos?

De aprobarse la Ley George Floyd en el Congreso, se daría luz verde para establecer un registro nacional de “conducta policial inapropiada”, así como la prohibición de leyes con perfiles raciales y religiosos, limitar el uso de la fuerza policial y prohibir las órdenes de protección contra golpes y estranguladores.

También se limitaría la inmunidad calificada, que es una doctrina legal que evita que los funcionarios del gobierno se consideren “responsables por violaciones constitucionales”.