Paycheck Protection Program (PPP): ¿Cuánto tiempo se extiende la fecha de préstamos para pequeñas empresas?

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado la extensión de la fecha límite para solicitar el préstamo del Programa de Protección de Pago (PPP por sus siglas en inglés). Este programa fue aprobado dentro de la Ley CARES, el máximo rescate económico en la historia de la Unión Americana, con el cual, se dió cara a la crisis económica y laboral desatada tras el brote de coronavirus.

Y es que, la fecha límite para solicitar este préstamo fue el pasado 30 de junio, pues hay que tener en cuenta que muchos de los beneficios pertenecientes a la Ley CARES están a punto de llegar a su fin. Es por ello que, mientras la administración de Trump aprueba un nuevo rescate económico, la Cámara de Representantes ha decidido aprobar la extensión de este préstamo.

Cabe mencionar que la extensión de la fecha límite también ha sido aprobada por el Senado, por lo que sólo falta que la orden sea firmada por el Presidente de la Unión Americana, Donald Trump. Una vez que el mandatario del país firme la orden, le fecha límite para solicitar el préstamo se recorrerá hasta el próximo 8 de Agosto, pues se estima que para aquel momento el Senado ya habrá dado a conocer los beneficios del nuevo rescate económico.

Aunque esta extensión representa un gran alivio para aquellos que, por alguna cuestión u otra no alcanzaron a solicitar el préstamo, el Senador, Marco Rubio, reveló que no tiene objeción con extender la fecha límite, sin embargo, “lo que realmente se necesita es aprobar muy pronto el nuevo rescate económico”.

Beneficios del Paycheck Protection Program

El Paycheck Protection Program fue aprobado con la finalidad de ofrecer préstamos a pequeñas empresas para que estas pudieran mantener a su empleados dentro de nómina. Al solicitar este préstamo, la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos  (SBA por sus siglas en inglés) dará al beneficiario la oportunidad de que el préstamo solicitado sea condonado, siempre y cuando se haya utilizado el 60% de este para mantener a los empleados en nómina y el resto para pagar hipotecas o demás servicios públicos.