BARCELONA

El Barça debe pagar 47 millones € por un patinazo inmobiliario

"Tras no cumplir ciertos requisitos, el tribunal arbitral obliga a deshacer la operación y, por tanto, a pagar 35,4 de la venda del 2005, más los intereses", dijo el portavoz del club.

El Barça debe pagar 47 millones € por un patinazo inmobiliario
Fernando Zueras

El Barça perdió el arbitraje con el Ayuntamiento de L’Hospitalet por los terrenos de Can Rigalt vendidos en 2005 por la junta directiva de Joan Laporta, un caso judicial que le significará una pérdida de 47 millones de euros (52,41 millones de dólares).

El portavoz del club, Josep Vives, explicó que "después de no cumplir ciertos requisitos, el tribunal arbitral obliga a deshacer la operación y, por tanto, a pagar 35,4 (39,7 millones de dólares) de la venda del 2005, más los intereses".

Preguntado por las consecuencias de esta derrota puede generar al club, el portavoz manifestó que “la junta encaja esta decisión y la gestiona. No se trata de dar la culpa. Los servicios jurídicos y el área financiera estudian los efectos de esta decisión”.

Además, el portavoz apuntó en la directiva anterior, presidida por Joan Laporta, a los que han traspasado gran parte de la responsabilidad: “La junta anterior se ahorró de avalar el presupuesto. Si el año 2005 alguien firmó un contrato, esta persona se responsabiliza de su cumplimiento".

Un caso que arrancó el siglo pasado

En 1997, el Barcelona adquirió 55.044 metros cuadrados de terrenos en Can Rigalt tras invertir 1,4 millones (1,56 millones de dólares) en esa zona verde, prevista entonces para campos de entrenamiento.

En 2004, el club, el ayuntamiento de L'Hospitalet y Fecsa, propietarios de los terrenos donde se encuentran los 55.000 metros cuadrados de Can Rigalt, firmaron un acuerdo para la transformación del entorno, soterramiento de líneas eléctricas, la edificación de viviendas y de una zona verde.

El Barcelona vendió entonces un tercio (10.000 metros cuadrados) de los terrenos edificables a la Inmobiliaria Mar, perteneciente a la empresa 'La Llave de oro', que pagó 35,4 millones de euros (39,7 millones de dólares) para la edificación de las viviendas.