La recepción de una citación por infracción de tránsito en Estados Unidos representa una eventualidad común para los conductores. Ante esta circunstancia, el conductor se enfrenta a una decisión fundamental respecto al curso de acción a seguir.
Por lo general, el sistema legal estadounidense contempla dos vías principales: el pago de la multa correspondiente o la impugnación de la misma ante las autoridades competentes.
Cada una de estas dos opciones conlleva un conjunto específico de procedimientos y posibles consecuencias legales y administrativas que merecen un análisis detallado.
Pagar la multa de tráfico
Esta opción, que para muchos conductores resulta la más directa, consiste simplemente en pagar la multa. A primera vista, parece la acción más sencilla. Habitualmente, el propio documento de la infracción detalla las modalidades de pago: a través de internet, mediante correo postal, o en ciertas ocasiones, de forma presencial.
Un número considerable de personas elige este camino con la idea de resolver el asunto con celeridad. Especialmente si la falta cometida parece de poca importancia o si el individuo se halla lejos de su lugar de residencia habitual, como podría ser el caso de turistas o visitantes, la perspectiva de enredarse en procedimientos legales en un país ajeno puede ser un factor disuasorio importante. Por lo tanto, abonar el monto parece la solución que evita mayores complicaciones.
Aquí es donde un análisis más detenido revela complejidades. Pagar la multa, en la vasta mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos, se interpreta como una admisión de culpabilidad.
A su vez, este acto frecuentemente acarrea consecuencias que trascienden el mero desembolso económico inicial. Por ejemplo, es altamente probable que se registren puntos negativos en el historial de manejo del infractor. Con el tiempo, la acumulación excesiva de estos puntos puede conducir a la suspensión de la licencia para conducir.
De igual forma, las empresas aseguradoras de vehículos monitorizan de cerca estas incidencias; por consiguiente, una multa que ha sido pagada se traduce, casi invariablemente, en un incremento en el costo de la póliza de seguro, una carga financiera adicional que puede extenderse por varios años. De modo que, aquello que inicialmente se percibía como una salida fácil, en la práctica, puede acarrear repercusiones de considerable duración.
Impugnar la multa
Primero, hay que presentarse ante la corte y declararse “no culpable”. ¿Qué motivos llevarían a una persona a optar por este sendero, que en principio luce más arduo? Las razones pueden ser diversas.
Quizá el individuo esté convencido de su inocencia respecto a la infracción imputada. Es posible que considere la existencia de alguna irregularidad en el proceder del agente que emitió la multa. O, simplemente, su objetivo es eludir la anotación de puntos en su licencia y el consecuente encarecimiento del seguro, sobre todo si su historial de conducción ya presenta antecedentes.
Iniciar el proceso de disputa normally requiere notificar formalmente a la corte la intención de declararse no culpable y, posteriormente, prepararse para comparecer en una audiencia. En esta instancia, la persona tiene la oportunidad de exponer su versión de los hechos, presentar elementos probatorios (como fotografías, grabaciones o declaraciones de testigos) y formular preguntas al oficial responsable de la multa.
En ciertas circunstancias, incluso antes de alcanzar la fase de juicio formal, existe la posibilidad de entablar una negociación con el fiscal encargado del caso. A veces, se puede lograr que los cargos se reduzcan a una falta menor que no implique puntos, o incluso que el caso sea desestimado por completo, particularmente si se detectan errores técnicos en la formulación de la acusación o si el oficial no asiste a la cita en la corte.
Evidentemente, la decisión de disputar una multa conlleva sus propios retos. Exige una dedicación de tiempo significativa: para investigar los detalles, estructurar una defensa, y posiblemente ausentarse de las obligaciones laborales para poder asistir a las comparecencias judiciales.
Asimismo, si bien una persona puede optar por representarse a sí misma (lo que se conoce como defensa pro se), navegar por el sistema legal sin la experiencia necesaria puede resultar una tarea abrumadora.
Recurrir a los servicios de un abogado especializado en infracciones de tránsito puede incrementar las probabilidades de obtener un resultado favorable, pero esto, lógicamente, supone un desembolso económico adicional.
Y, por supuesto, siempre está presente el riesgo de no ganar el caso, lo cual podría implicar no solo tener que pagar la multa original, sino también asumir costas judiciales adicionales.
¿Qué elementos clave considerar antes de inclinarse por una u otra vía?
En primer lugar, la severidad de la infracción cometida. No tiene el mismo peso una multa por mal estacionamiento que una por conducir bajo la influencia de sustancias (DUI/DWI), cuyas consecuencias legales y personales son drásticamente más graves.
En segundo lugar, la calidad de la evidencia disponible. ¿Existen pruebas contundentes que apoyen la inocencia del conductor o que pongan en duda la versión oficial de los hechos?
En tercer lugar, el efecto sobre el historial de manejo y la póliza de seguro. Si el conductor posee un historial impecable y se trata de una infracción leve, quizá la opción de pagar resulte menos perjudicial.
Por el contrario, si ya existen puntos acumulados o si la persona depende de su licencia para trabajar (como los conductores profesionales), luchar para mantener limpio el historial adquiere una relevancia mucho mayor.
En cuarto lugar, los costos financieros asociados. Es preciso comparar el importe de la multa con los gastos potenciales derivados de la disputa (valor del tiempo invertido, posibles honorarios legales, etc.).
En quinto lugar, la jurisdicción específica donde ocurrió la infracción. Las normativas y los procedimientos relativos al tráfico presentan variaciones sustanciales entre los distintos estados, e incluso entre diferentes condados o municipios dentro de un mismo estado.
Una estrategia efectiva en California podría ser inaplicable en Florida o Illinois. Para las personas que no residen permanentemente en Estados Unidos, la situación se torna aún más compleja, dado que una multa pendiente de pago podría, en teoría, generar complicaciones para futuras entradas al país, si bien esto último está muy ligado al tipo de infracción y a las políticas estatales.
