Un juez federal para la medida de Biden que otorga estatus legal a los cónyuges inmigrantes ¿Es legal esta decisión?

Un juez federal de Texas ha bloqueado el programa Keeping Families Together, lo que elimina la posibilidad de que los cónyuges inmigrantes de ciudadanos estadounidenses puedan obtener un estatus legal.

El juez de distrito J. Campbell Barker concedió una solicitud de 16 estados liderados por republicanos que desafiaron la nueva política de la administración Biden, que fue presentada en junio de este año y que entró en vigor la semana pasada.

Tras la orden del juez, el programa será detenido, lo que afectaría a aproximadamente medio millón de cónyuges y 50,000 hijastros que viven en Estados Unidos sin estatus legal. El fallo es preliminar y temporal; sólo será válido por 14 días, pero el juez Barker sugirió que podría extenderla, según un reporte de CBS News.

¿Qué es el programa Keeping Families Together?

El 19 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) implementó el programa Keeping Families Together, un “proceso para que ciertos cónyuges no ciudadanos e hijastros no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses soliciten la libertad condicional en virtud de la autoridad legal existente”.

Dicha “libertad condicional” permite que ciertos “solicitantes de admisión” no ciudadanos estén presentes en los Estados Unidos de manera temporal por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo. Si se les concede la libertad condicional, y si son elegibles, estos no ciudadanos pueden solicitar el ajuste de estatus al de residente permanente legal sin necesidad de salir del país.

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El procedimiento regular también permite que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses vivan legalmente en la Unión Americana, pero requiere que aquellos que ingresaron ilegalmente abandonen el país y vuelvan a ingresar legalmente para ser elegibles para una tarjeta verde.

Sin embargo, al haber ingresado al país ilegalmente, salir de los Estados Unidos hacerlo puede desencadenar una prohibición de 3 o 10 años para poder reingresar.

La orden administrativa que emitió el juez prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional otorgar la libertad condicional a quienes solicitaran la política Keeping Families Together. Aunque las solicitudes no pueden ser aprobadas, si pueden ser recibidas.

Al respecto, Naree Ketudat, portavoz del DHS, señaló: “El Departamento de Seguridad Nacional cumplirá con la decisión del tribunal, lo que incluye seguir aceptando solicitudes, mientras defendemos el programa Keeping Families Together en los tribunales”.

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